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Dos nuevas malas noticias para el mundo industrial exportador. Featured

AUTOR  Gustavo Rodríguez Tabó
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Luego del sacudón producido por la ley de responsabilidad penal del empleador se ha sumado otra perla mas  al desestímulo  empresarial. Me refiero concretamente a la ley y reglamentación de la ley 19111, a las cuales debemos agregar la posibilidad que se elimine la prefinanciación de exportaciones vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Artículo de Gustavo Rodríguez Tabó

 

 

 

Luego del sacudón producido por la ley de responsabilidad penal del empleador se ha sumado otra perla mas  al desestímulo  empresarial. Me refiero concretamente a la ley y reglamentación de la ley 19111, a las cuales debemos agregar la posibilidad que se elimine la prefinanciación de exportaciones vigente.

Vayamos primeramente a la ley 19111, ¿qué procura la misma? Su objetivo es evitar la emisión de certificados incorrectos o de dudosa veracidad. El objetivo del cual nadie  de buena  de buena fe puede estar en desacuerdo  se ha errado en la forma de encararlo y solucionarlo. Pagando en su caso justos por pecadores, al imponer una serie de exigencias y requisitos inadmisibles que generaran mayores costos ( ¡lo que faltaba! ) al sector exportador. En tiempo donde en la OMC -organismo del cual formamos parte- se suscriben acuerdos como el de este ultimo diciembre de facilitación del comercio, parece que acá en Uruguay  no se conoce su existencia y el Estado omnipotente y  celoso del sector privado establece normas que complican el comercio exterior y no solo lo complican sino que con ello conllevan a mayores costos para los particulares.

En efecto, creo que quien redacto la normativa -ley y especialmente decreto reglamentario- no tuvieron en cuenta, tal vez por desconocimiento practico o prejuicios doctrinarios yo filosóficos, los mayores costos que esta normativa traerá, mas allá de los horrores jurídicos que la misma contiene. Digo errores jurídicos pues la norma legal ya citada establecerlo que sería la inversión de la carga de la prueba  en los artículos 4 a 6 de la misma. El régimen punitorio establecido establece la corresponsabilidad de la entidad emisora en caso de infraccion salvo que esta demuestre que ha obrado con algo más que la diligencia media  para evitar dicha situación. O sea será culpable si no demuestra su inocencia. “No podrá ser imputada cuando esta ultima demuestre haber emitido el certificado de origen en base a informaciones falsas provistas por el solicitante, sin que se hubiere podido detectar y verificar por aplicación de los procedimientos de control previstos en el artículo anterior o, en general, de las practicas usuales de control a su cargo.” Todo un horror.

De ahora en mas no se investiga más acerca de la irregularidad, el Estado se deslinda del problema aplica la sanción  salvo que la entidad emisora pruebe, demuestre, acredite que realizo todo bien de acuerdo al artículo 4 del decreto  reglamentario y aun así fue burlada por el solicitante del certificado.

Es asombroso y causa pavor ver como se han invertido valores con este gobierno, donde el principio de inocencia ya no rige y el Estado toma el camino fácil, para sancionar. Claro está que esta misma severidad no rige para cuando el organismo certificador es uno público. Allí se lo excluye expresamente y todo queda resumido a la formación de sumario administrativo, como si de antemano supieran quien es el responsable en lugar de comenzar con una investigación administrativa. ES curioso también ver como el Estado, ilegalmente a través del decreto reglamentario, se saca obligaciones como el de controlar el correcto cierre de una admisión temporaria, a cago del LATU y Aduana y lo pone a cargo de la entidad que expide el certificado de origen.

Como todo este intrincado sistema de sospecha fuera gratuito, pretenden agregar la eliminación del beneficio de la prefinanciación de exportaciones.   Este instrumento instaurado por circular del Banco Central, permite al exportador obtener, mediante cesión de su carta de crédito a una institución financiera, obtener un adelanto a través de BCU, a una tasa de interés adecuada, del monto de su exportación que realiza.   Los bolsillos de los contribuyentes y la  empresas están exhaustos, no es que no se confíe en el país es que no se confía más en su estado recaudador con apetito voraz que a nadie satisface y que nada da a cambio. Es hora que las cosas empiecen a cambiar para bien y no para mal como vienen hasta ahora, aunque algunos quieran tapar el sol con la mano.  ¿Alguna vez estos señores en el gobierno  entenderán que un país de primera es un país donde se facilitan las actividades del sector privado?, que es el que verdaderamente genera riqueza y no como en estos momentos que las entorpecen y le aumentan costos. Acá se requiere menos burocracia y más eficiencia cosa que brilla por su ausencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Monday, 12 May 2014 18:10

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