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La crisis de la Facultad de Derecho. Featured

AUTOR  Guillermo Chiribao
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Es tiempo que viene será por tanto el tiempo de emprender la lucha en favor de la razón y por el triunfo del pensamiento crítico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La columna del Dr. Guillermo Chiribao.

 

 

 

 

 

Hace exactamente un año en el Semanario Qué Pasa del diario El País, la Sra. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República sorprendió a la comunidad académica y profesional con unas llamativas  declaraciones.

Cuando fue consultada sobre los procesos de acreditación de las carreras de la facultad en el Mercosur respondió: “En esto la Universidad está avanzando y la Facultad nuestra tiene que empezar a entrar. Quizás aquí no es tan urgente como en otras facultades científicas. Porque el médico puede ejercer en otro país acreditando el título. Pero un abogado o un escribano tiene que conocer la legislación de cada país". Y luego cuando se le consulta sobre la presencia de otras universidades privadas que poseen carreras de derecho y que compiten en forma directa con la Facultad pública en la preparación de los jóvenes para el ejercicio profesional, la Sra. Decana respondió: “La verdad que no conozco el mundo de las privadas. “

Pues bien, cualquier lector o interprete desapasionado de tales expresiones concluirá que las mismas no le hacen nada bien a la Facultad, que la Sra. Decana dirige, ni a la comunidad académica en su conjunto. Tengamos en cuenta que la Sra. Decana ocupa el cargo  de  la enseñanza del derecho en Uruguay con mayor prestigio y también mayores responsabilidades. Naturalmente que tales afirmaciones fueron infelices como en el propio Consejo de la Facultad y en nombre de los compañeros de la CGU egresados se lo hicimos saber.

Luego de un año ese panorama de deterioro de la gestión se ha agravado notoriamente con el consiguiente desprestigio de la Facultad de Derecho dentro y fuera de sus aulas.

De una lista que sería interminable simplemente tomaremos 3 temas de actualidad  que demuestran palmariamente lo acá sostenido:

a) OPINION DE LA FACULTAD SOBRE LA OBRA ANTEL ARENA.

Por el mes de agosto del año 2013  la Sra. Presidenta de Antel informó a la prensa (El Observador, El Espectador, etc.) que para ejercer la defensa de la constitucionalidad de la obra, Antel había obtenido un informe emitido del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad. Nuestra representación en el Consejo al enterarse de tal circunstancia intento obtener la información correspondiente y grande fue la sorpresa. Tal informe no existía y en su lugar según se nos informó existía un informe del Sr. Director de la Sala del Instituto el Dr. Alberto Pérez Pérez emitido en forma personal, sin que el mismo formara parte de una decisión de la Sala de docentes de la materia en su conjunto. Muchos de esos docentes consultados por nosotros directamente desconocían el pedido y nadie les solicitó en la Facultad su opinión. Dado que el trámite no respetó las claras disposiciones del Reglamento de Institutos y las potestades del Consejo de Facultad hicimos sentir nuestra voz. Voz que fuera acallada por las mayorías circunstanciales que han rodeado a la Sra. Decana y el tema quedó sepultado en un mar de inexactitudes, dudas y desprolijidades administrativas. No constituye ningún capricho requerir que los informes solicitados por entidades públicas a la Facultad sean producidos por las respectivas Salas de docentes con la participación de todos, ni que ello deba ser considerado y aprobado por el Consejo, sino que esas son precisamente las disposiciones reglamentarias. La debida aplicación de los reglamentos contribuiría a dar seguridad, certeza y transparencia a la posición que la Facultad adoptara. Y ese accionar que reclamamos además, nos otorgaría a todos el respeto más profundo. Un respeto que de otra manera es difícil exigírselo a algunos actores políticos que al ver estos manejos y acciones ilegales y poco serias, no dudan luego, en lanzar sus más injustos agravios a la Facultad y en ocasiones a todos los profesionales que egresamos de ella como lamentablemente hemos visto últimamente.

b) POSICION DE LA FACULTAD SOBRE EL PROYECTO DE REBAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD.

Hace ya un tiempo las autoridades centrales de la Universidad en sus órganos de dirección implantaron el debate sobre el tema. En la sesión del Consejo de la Facultad del día 13/2, pasado la Sra. Decana somete a consideración del consejo una propuesta elaborada por los órganos centrales. Nuestra representación señaló que dada la trascendencia y sensibilidad del tema no era conveniente que cada consejero tomara una decisión en función de sus posiciones políticas o personales, sino que la Facultad para estar a la altura de su prestigio e historia debía dar un claro mensaje desde el punto de vista científico y por ende desde el Derecho. Para ello propusimos que ese borrador a estudio se sometiera a los Institutos de Derecho Penal y Derechos Humanos de la facultad, que contaba con los mejores docentes del país. Estábamos y seguimos estando convencidos que nuestro país requiere en muchas áreas el aporte de quienes han dedicado su vida al estudio de los temas. Y en un caso como el que se nos presentaba el aporte serio, científico y con el más alto nivel académico que la Facultad estaba llamada a realizar, se constituiría en un preciado valor para toda la sociedad a la hora de tomar sus decisiones. Ese día recibimos la rotunda negativa, se nos manifestó que en forma aislada algunos docentes participaban de comisiones de estudio, etc. Nuestra delegación no planteaba objeciones de ninguna manera a la formación o conocimientos de esos docentes que individualmente participaban en las actividades, pero entendíamos que la Facultad debía realizar su aporte desde el más alto nivel de decisión y con el concurso de todos los docentes integrados a sus institutos en todas sus jerarquías o sea, desde los catedráticos grado 5 hasta los aspirantes de cada materia, participando en forma libre y democrática de tan importante estudio.

Pues no, la Sra. Decana y la mayoría que la apoya en la siguiente sesión del Consejo y sin admitir siquiera el más mínimo intercambio de opiniones, puso a votación por sí o por no el apoyo a la propuesta de baja de la edad. Una vez más consideramos poca seria la posición asumida, sin perjuicio de que en el caso personal de quien escribe coincide con lo que a la ligera aprobó el Consejo esa noche. Pero nuestra posición fue la de no participar en ese tipo de debates sin profundizar, sin tener los informes de las personas más autorizadas para darnos su opinión. Sostuvimos en esa oportunidad que la Facultad de Derecho fiel a su tradición, a su prestigio y a su historia debía dar su opinión de una forma ejemplar y seria, para no quedar de un lado o del otro del debate como meros repetidores de consignas políticas. La Facultad debe y debió ponerse por encima de los debates coyunturales y está obligada a dar un aporte de nivel a la sociedad. La actual administración lamentablemente no considera valiosa esta posición y opta por el camino mas fácil seguir consignas políticas dictadas desde otros ámbitos que precisamente no son los académicos. Sería un aporte invalorable al debate republicano del Uruguay que la Academia contribuyera con la opinión de sus principales catedráticos y docentes. Pero no, la Sra. Decana y la mayoría que la apoya prescinde de todo eso.

c) EL CAOS EN LAS CARRERAS DOCENTES Y EL AMIGUISMO.

Finalizaba el año 2011 y en una de las últimas sesiones del Consejo escuchamos asombrados a un Prof. (hoy) Grado 5 y por tanto Catedrático sostener que en la organización de su carrera solicitaría el apoyo de sus amigos docentes para que les proporcionaran personas para impartir clases, concluyendo de una manera sorprendente: “si bien las contrataciones son a dedo, que sean lo menos a dedo posible” (sic)

Sobre tan sorprendente confesión varias cosas en forma rápida sin perjuicio de las que cada lector pueda desde ya ir pensando: Tal situación caótica sigue exactamente igual hasta el día de hoy, con el agravante de que tales prácticas se han institucionalizado en todas las materias. Además de ello solo se procede al concurso de cargos docentes importantes (Grados 5 y 4) en aquellas carreras cuyos Directores son más afines al gobierno de la Facultad, postergándose las integradas por docentes más alejados. En una palabra si hay necesidad de favorecer las aspiraciones legitimas o no de algún docente amigo se “apuran” esos llamados. A lo largo de nuestra gestión en el Consejo con nuestro compañero de CGU del orden egresados Dr. Gastón Gianero, hemos recibido infinitas quejas de docentes que han visto postergados sus legítimos derechos a ascender en sus carreras docentes o cuyos concursos han sido literalmente “cajoneados”, con el agravante de que cada tanto ven pasar en forma campante colegas docentes con sus nuevos cargos y ascensos legítimos o ilegítimos obtenidos en base a la amistad con el poder de turno. Basta dialogar con cualquier docente de la facultad para que en forma objetiva nos comente la desilusión que les causa ver a cada inicio de año la renovación masiva de contrataciones directas, de interinatos hasta el próximo año sin siquiera sujetarlo a un eventual llamado a concurso futuro. La improvisación campea en el plano docente y se depende casi que exclusivamente de la buena voluntad y el inalterable compromiso con la docencia de la gran mayoría de los profesores. Pero a pesar de ello, esa desilusión genera indudablemente el descreimiento en la gestión, en el sistema y obliga a los docentes a replantearse su vocación por la enseñanza.  Seguramente esas personas terminarán abandonando determinando de esa forma que el nivel académico decaiga en perjuicio de los estudiantes y del prestigio de la Facultad y también del propio de cada docente en muchos casos. Porque de nada valdrán los méritos, el estudio constante para superarse, para formarse más y mejor, ni el compromiso asumido. Les ganará el desconcierto y en algunos casos incluso el malestar y hasta la bronca.

Bronca que con mayor o menor razón han llegado -incluso- a requerir la atención de los consejeros. Porque, ya  en más de una oportunidad hemos asistido a debates y crisis académicas y hasta enfrentamientos personales. Y esas crisis y enconos que naturalmente no han sido resueltos en forma previa a su llegada al Consejo nos han tenido como espectadores impotentes en plenas sesiones. Impotentes porque carecemos de los medios para resolver esos conflictos que muchas veces han comenzado por cuestiones intelectuales o académicas pero  que han terminado (más de uno) en conflictos de orden personal con ataques a la dignidad y moral de los  actores. Y todo ello, ante la lamentable pasividad de quien por el cargo jerárquico que ocupa está obligada a frenar en su debido momento, haciendo  muestra de falta de liderazgo y compromiso con la gestión.

Vale aclarar que tampoco se ha contado en la caótica gestión con colaboradores de confianza de la Sra. Decana que trabajen en tales temas en forma efectiva y eficiente.

Seguramente estos 3 temas traídos casi al azar muestran una situación de crisis profunda de nuestra más importante Facultad pública. Crisis que determinará que en el corto plazo se deban adoptar contundentes medidas de renovación para recuperar el tiempo perdido y colocar a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en el sitial de prestigio máximo que siempre debe tener no sólo en el sistema académico nacional sino en el contexto regional.

En el escenario aparecen muchas luces amarillas y algunas alarmas y lo que determina un campo muy fértil para la aparición de personas que piensan que alineándose al pensamiento único, que siendo “políticamente correctos”, ideológicamente afines o peor aún mostrándose genuflexos, sumisos y obsecuentes, lograrán construir meritorias y meteóricas carreras.

Es tiempo que viene será por tanto el tiempo de emprender la lucha en favor de la razón y por el triunfo del pensamiento crítico. ¡Flaco! favor le haríamos a la Facultar y a la Universidad mantenernos en silencio y ajenos.

 

 

 

 

 

Last modified on Saturday, 15 March 2014 00:56

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