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Lo político sobre lo jurídico. Featured

AUTOR  Dr. Marcelo Gioscia Civitate
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A meses de la manifestación en la que se irrumpió al Palacio Piria (edificio sede de la Suprema Corte de Justicia) para intentar impedir el acto de asunción de una juez trasladada de una sede penal a otra civil, profiriendo insultos y cánticos ofensivos… y a otros de la violenta asonada que conmovió al centro de nuestra ciudad capital, en la que se atentó contra edificios públicos y privados y en particular contra el Palacio de los Tribunales, vuelve a plantearse desde tiendas afines al gobierno, la intención de reformar la Constitución de la República, para limitar los poderes del máximo órgano del Poder Judicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Remito opinión', del Dr. Marcelo Gioscia Civitate

 

 

 

 

A meses de la manifestación en la que se irrumpió al Palacio Piria (edificio sede de la Suprema Corte de Justicia) para intentar impedir el acto de asunción de una juez trasladada de una sede penal a otra civil, profiriendo insultos y cánticos ofensivos… y a otros de la violenta asonada que conmovió al centro de nuestra ciudad capital, en la que se atentó contra edificios públicos y privados y en particular contra el Palacio de los Tribunales, vuelve a plantearse desde tiendas afines al gobierno, la intención de reformar la Constitución de la República, para limitar los poderes del máximo órgano del Poder Judicial.
Se insiste con la creación de un “tribunal constitucional” que tendría a su cargo el pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, quitando esa competencia a la Suprema Corte de Justicia, que atendería los aspectos administrativos y se limitaría a intervenir y resolver en asuntos judiciales en que corresponda una tercera instancia.
Todo esto requeriría una necesaria reforma constitucional con el consiguiente debate político, previo a recabarse el pronunciamiento de la ciudadanía, cuya voluntad debiera ser acatada…pues bueno es recordar que ya tuvimos en la historia reciente dos manifestaciones contundentes del cuerpo electoral, (sobre el mantenimiento de la Ley de Caducidad) que resultaron flagrantemente ignorados por quienes detentando mayorías circunstanciales, dictaron “leyes interpretativas”, desconociendo la voluntad del Soberano.
Quienes ahora proponen limitaciones a la Suprema Corte de Justicia, hicieron trizas la Constitución de la Republica, e ignoraron sin ningún problema el legado artiguista en la materia: su “autoridad” no cesó ante el pronunciamiento soberano, muy por el contrario, hicieron que lo político estuviera por sobre lo jurídico, sin ningún tipo de prurito.
Hoy se vuelve a insistir con el sonsonete, agregando ahora la necesidad de quitarle al máximo órgano del Poder Judicial, la potestad de nombrar jueces y la de trasladarlos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Crear un Poder Judicial afín al gobierno? O tal vez, conseguir con la integración de un Tribunal Constitucional, la declaratoria de constitucionalidad que más se adecue a la ideología del gobierno o a su programa político?
Manifiestan que las disposiciones de nuestra Constitución en la materia son “anticuadas” y “obsoletas”, por lo que se impone “modernizar” estas disposiciones -entre otras cosas, manifiestan- por que no es posible que un solo órgano detente todas las funciones que se le han asignado a nuestra Suprema Corte de Justicia.
Recordemos ciudadanos que, este tribunal ha actuado con independencia y ha sido y es el refugio de quienes pretenden se les respeten sus derechos, tanto personas físicas como personas jurídicas. Ha sido y es garante del correcto funcionamiento del Estado de Derecho, y pese a no contar con independencia financiera, ha sabido administrar con singular eficacia los magros recursos que se le confían. En un  sistema como el que nos rige, en el que el gobierno goza de mayorías parlamentarias, debiera fortalecerse el Poder Judicial como forma de contar con un efectivo control sobre las leyes que se sancionen y promulguen eventualmente, en desmedro de los derechos constitucionalmente protegidos. Pero por sobre todo, mucho antes de pensar en modificar la Carta Magna, lo que debieran hacer los que promueven su reforma, es cumplirla.

 

 

 

 

 

 


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